Legislación básica Comunidades Autónomas

En los últimos años, en materia de protección de los animales, las Comunidades Autónomas han legislado sobre las siguientes materias:

  • Disposiciones de general aplicación a toda clase de animales, que se concretan en las atenciones mínimas que deben recibir desde el punto de vista de trato, higiene y transporte. También las normas respecto a su venta y a la prohibición de participación de animales en espectáculos que les causen sufrimiento.
  • Disposiciones sobre tenencia y trato de los animales de compañía, en las que se regulan los requisitos higiénico-sanitarios que deben observarse y las consecuencias del abandono de animales, así como su recogida, sacrificio y esterilización, y las normas que deberán cumplir las instalaciones dedicadas a mantenerlos temporalmente.
  • Disposiciones relativas a la fauna autóctona, con prohibición de su captura, caza, tenencia, tráfico, comercio, venta e importación y exportación, así como la taxidermia y exhibición.

A continuación, se incluye una relación de las normas aprobadas por otras

Comunidades Autónomas en materia de protección de animales.

  • Cataluña, decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales (DOGC número 5113, de 17/4/2008).
  • La Xunta de Galicia ha publicado la Ley 1/1993, de 13 de abril, deProtección de Animales Domésticos y Salvajes en Cautividad.
  • El Gobierno Balear ha publicado la Ley 1/1992, de 8 de abril, de Protección de Animales que viven en el entorno humano.
  • La Comunidad de Madrid dispone de la Ley 1/1990, de 1 defebrero, de Protección de Animales Domésticos, cuyo Reglamento fue aprobado por Decreto 44/1991, de 30 de mayo; dicha Ley ha sido desarrollada y actualizadapor el Decreto 19/1999, de 4 de febrero, por el que se regula la identificación ytenencia de perros de razas de guarda y defensa, y parcialmente modificada por la Ley 1/2000, de 11 de febrero, con objeto de abordar elproblema de los posibles ataques de perros a personas (BOE 26.05.2000).
  • La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha publicado la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de Animales Domésticos.
  • La Comunidad Valenciana dispone de la Ley 4/1994, de 8 de julio, sobre Protección de Animales de Compañía (BOE 15.08.1994).
  • La Comunidad Autónoma de La Rioja cuenta con la Ley 5/1995, de 22 de marzo, de Protección de los Animales, modificada por la Ley 2/2000, de 31 de mayo, y la Ley 7/2002, de 18 de octubre, de Sanidad Animal (BOE 08.11.2002).
  • Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (BOE 22.08.2002), modificada por la Ley 7/2005, de 27 de diciembre (BOE núm. 40, de 16.02.2006)
  • La Ley 13/2002, de 23 de diciembre, de Tenencia, Protección y Derechos de los Animales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (BOE 01.02.2003).
  • La Comunidad de Aragón ha aprobado la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal (BOE 22.04.2003).
  • La Comunidad Autónoma de Andalucía ha aprobado la Ley 11/2003, de 24 de noviembre de protección de los animales (BOE núm. 303, de 19.12.2003).
  • El Pais Vasco, tiene como ley reguladora la Ley 6/1993, de 29 de octubre del 1993, de Protección de los animales.

La legislación de las Comunidades Autónomas suele dejar en manos del gestor municipal, y de sus correspondientes Ordenanzas, el control último de su cumplimiento por razones de cercanía física al animal a proteger, de seguridad de los consumidores y de la higiene de las poblaciones. Por otra parte, históricamente, han sido los Ayuntamientos los encargados de la única forma de protección de animales domésticos que se practicaba, es decir, las condiciones para tenencia y vigilancia sanitaria de animales domésticos, y control de aquéllos que fueran vagabundos.

Un aspecto de lamentable actualidad que incide de lleno en el tema de la defensa de los animales es el maltrato a los galgos empleados en la caza de la liebre, cuyo control corresponde fundamentalmente a las Administraciones autonómicas.

Por lo que respecta a la regulación general de los espectáculos públicos, son competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas que las hayan asumido, como se recoge en sus Estatutos. En la página web que se indica, del Ministerio del Interior, figura información sobre la asunción de competencias por las Comunidades Autónomas en materia de espectáculos:

http://www.mir.es/SGACAVT/juegosyespec/espectaculos/competenciaxCA/exclusiva.html

No obstante, el Estado, a través del Ministerio del Interior, se reserva ciertas competencias sobre legislación básica en materia de edificios, seguridad y protección civil, y en materia de gestión de la seguridad de los espectáculos públicos.

En este marco, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha aprobado la Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional (BOE núm. 135, de 07.06.2006). Para que una Fiesta sea declarada de Interés Turistico Nacional, deberá haber sido declarada Regional por parte de la Comunidad Autónoma desde hace al menos cinco años. En el caso de la declaración de Interés turístico Internacional deberá haber estado declarada de Interés turistico Nacional durante un período también de cinco años. Las resoluciones para la declaración de Fiesta de Interés Turístico se otorgarán por Resolución de la Secretaría General de Turismo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, publicándose en el Boletín Oficial del Estado. Es importante, a los efectos de este capítulo sobre protección de animales, lo que se establece en su artículo 5: “Serán desestimadas aquellas solicitudes de declaración de Interés Turístico Nacional o Internacional referidas a fiestas con concurrencia de actos en los que directa o indirectamente se maltraten animales o personas”.

Una especialidad en esta materia es lo relativo a los espectáculos espectáculos taurinos. La normativa estatal en materia de espectáculos taurinos está constituida fundamentalmente por las siguientes disposiciones:

  • Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos (BOE núm. 82, de 5 de abril de 1991; corrección de errores BOE núm. 98, de 24 de abril de 1991); y
  • Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos (BOE núm. 54, de 2 de marzo de 1996).

Según la disposición adicional de la Ley 10/1991, anteriormente mencionada, “lo establecido en la presente Ley será de aplicación general en defecto de las disposiciones específicas que puedan dictar las Comunidades Autónomas con competencia normativa en la materia, correspondiendo su ejecución a los órganos competentes de aquéllas, sin perjuicio de las facultades atribuidas al Estado en relación a los espectáculos taurinos”.

En suma, que en esta materia, tienen competencias tanto el Ministerio del Interior como las propias Comunidades Autónomas.

Corresponden a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior el ejercicio de las competencias atribuidas al citado Departamento en materia de espectáculos en general y taurinos en particular, así como ejercer el secretariado de la Comisión consultiva nacional de asuntos taurinos (Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, BOE número 171, de 16.07.2008).

Para afrontar el problema de los posibles abusos cometidos contra animales se dispone en España, la actualidad, de diversos instrumentos legales, en los que se deberá seguir incidiendo a medida que se produzcan mayores progresos en la educación y concienciación ciudadanas y nuevos avances en el marco de la legislación comunitaria en esta materia. Por otra parte, las organizaciones relacionadas con la defensa animal y los ciudadanos, debemos seguir actuando para lograr la aprobación de una legislación a nivel nacional que proteja a los animales por igual en todas las Comunidades Autónomas, acabando con la discriminación existente en la actualidad, y la ineficaz proliferación de leyes en cada Comunidad.

Los ciudadanos que aprecien o detecten hechos suficientemente fundados contrarios a estas normas, deben denunciarlos ante las Policías locales correspondientes, y/o ante los servicios veterinarios de sanidad y de protección animal de la respectiva Comunidad Autónoma, y en todo caso, ante el Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil (SEPRONA) o sus equivalentes de las Policías Autonómicas (“Mossos d´ Escuadra” en Cataluña; “Ertzainza” en el País Vasco), para que, en caso de posible delito o contravención de las normas en vigor, abran las oportunas diligencias e investiguen los hechos, actuando, en su caso, ante las autoridades u órganos judiciales competentes. La formulación de las denuncias requiere aportar datos concretos sobre los presuntos infractores y sobre los hechos delictivos cometidos, porque las de carácter genérico cuentan con menores probabilidades de obtener resultados satisfactorios.


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